Lider 13

LOS CONFLICTOS AMBIENTALES EN UNA
SOCIEDAD MUNDIALIZADA.
ALGUNOS ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES
PARA CHILE
ARTURO VALLEJOS ROMERO 1
Los conflictos ambientales en una sociedad asumir de una manera distinta este tipo de mundializada han llegado para quedarse.
conflictos, lo que requiere de espacios y Ante esta sentencia este artículo pretende mecanismos que puedan, colaborativamente, resolver las diferencias entre los distintos ac- tores y así elaborar propuestas para superar problematizado. La presión del desarrollo las limitantes a las que está expuesta la polí- ante la naturaleza ha hecho manifiesto mu- tica como la gestión ambiental. Por lo tanto, chos conflictos en Chile, donde las políticas este trabajo quiere aportar a dar una mirada públicas ambientales y sus instrumentos de nueva a los conflictos que cada día se hacen gestión se han mostrado limitados a la hora más complejos y, debido a la alta contingen- de darles solución. Estos conflictos han sido cia social, paralizan los diferentes sistemas y tratados de acuerdo a políticas basadas en el actores de la sociedad frenando el desarrollo patrón actual de desarrollo y una cultura po- líticamente centralizada, que privilegia unaracionalidad técnico-económica y política-ad- Palabras Claves: conflictos; globalización;
ministrativa, dejando de lado variables polí- economía; participación; política; acopla- ticas, entre otras. Por ello hace hoy necesario Abstract
both subjectized as well as problemized.
society have arrived and will no longer go pretends to set on the table a subject which is at the moment more and more important, 1 Sociólogo. Doctor (c) en Investigación en Ciencias Sociales, con especialización en Ciencia Política. Facultad Lati-noamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, sede México. Líneas de investigación: Resolución de Conflictos, Parti-cipación, Desarrollo Social. Dirección Postal: Camino del Ajusco N 377, Colonia Héroes de Padierna, 14200, DistritoFederal. E-mail: arturovallejos@yahoo.com 1 9 4 / Revista LIDER / Vol. 13 / año 10 / 2005 / Therefore, this paper pretends to give a new vision to conflicts which everyday are more paralize different social systems and actors, among others. Due to this, nowadays it is becoming necessary to face these conflicts in a different way, where new spaces andmechanisms are required in order to solve, Key Words: conflicts; globalization;
economy; participation; politics; joinings; diverse actors and to have the opportunity VALLEJOS / LOS CONFLICTOS AMBIENTALES / 1 9 5 I. Introducción
La Globalización y uno de sus vectores, la economía (Guimarães, 2001), plantean aChile como al resto de Latinoamérica, la misión de cómo insertarse de mejor formaen los mercados mundiales. Chile ha tenido que posicionarse en las dos últimasdécadas -pese a sus desventajas comparativas, económicas como institucionales- enun plano de competencia en el mundo, dinámica que le ha llevado a abrir sus fronteras,atraer grandes sumas de inversión para ser plasmadas en grandes megaproyectos y afortalecer e intensificar sus exportaciones basadas en materias primas con escasovalor agregado. Este proceso ha traído consigo una presión considerable sobre losrecursos naturales (Altieri y Rojas, 1999: 127-141; Quiroga, 2001; Quiroga, 1994;Ricaldi, 1999) que componen la línea base de crecimiento, siendo la cara visible deeste proceso, la manifestación de conflictos ambientales complejos (Fiske, 2000;Sabatini y Sepúlveda, 1998; Sabatini: 2000: 1997). Tussie y Woods, abiertamentenos plantean este proceso como de persuasión, a los países del mundo y la región, ala desprotección, a integrarse a la economía mundial y las oportunidades que traenlos mercados liberalizados (Tussie y Woods, 2000: 54-76).
Los impactos y externalidades -negativas como positivas- de los proyectos de desarrollo implementados por el gobierno han llevado a manifestaciones deresistencia de la sociedad en ambientes nacionales, regionales y locales. Así tambiénde cómo los Estado-naciones, especialmente los gobiernos locales, han perdido lacapacidad de intervención en su ejercicio de regulación y control de sus espacios(Mittelman, 2002) y cómo las políticas estatales han cedido “autoridad” al mercado(Strange, 1996). Este nuevo escenario hace manifiesto reacciones que se transformanen conflictos por aquellos que se resisten a ser impactados por la globalización,cuando ésta afecta su seguridad económica, social y ambiental.
La pérdida de control político ante estos conflictos y ante el nuevo rol de actores internacionales (inversionistas) hace que las disputas que antes pudieranhaber sido resueltas en niveles locales hoy tengan una complicada solución. Lapropuesta de políticas y medidas para resolver los problemas y conflictos ambientalesde manera negociada en foros y acuerdos internacionales podría ser beneficiosopara cierto tipo de ellos (capa de ozono, tránsito de sustancias radioactivas,calentamiento global, etc.), pero también se podría poner en cuestión estas instanciascuando los conflictos a resolver son “in situ” (acotados territorialmente).
La apertura comercial y la inversión extranjera son puntos claves a la hora de dar cuenta de los conflictos ambientales que se manifiestan en las regiones ylocalidades de Chile. En su contexto más general esta tendencia sería propiciadapor la globalización y manejada por el mercado (Tussie y Woods, 2000; Lechner,1997) que debido a la multinacionalización del régimen de producción ha afectadolas “políticas domésticas” (Garrett, 2000) propiciando externalidades negativas. Así,el mayor volumen de producción, basándonos en el estudio de Hirst y Thompson, 1 9 6 / Revista LIDER / Vol. 13 / año 10 / 2005 / estaría localizado en países desarrollados (Hirst y Thompson, 1996: 76-78), pero comolo muestran los autores, países como Japón, Estados Unidos, entre otros, localizan unporcentaje de la inversión total en América Latina y países en desarrollo. Ahora, estasinversiones tendrían una característica particular: son proyectos de inversión que tienencomo finalidad la extracción de recursos naturales. Por lo tanto, podemos decir queel paso de una primera fase exportadora de recursos naturales (minerales, forestales,marinos, agrícolas, etc.) a una segunda fase exportadora –de productosmanufacturados o que incorporen valor agregado- y de servicios, podría sercuestionada en Latinoamérica, especialmente en países como Chile, cuyascaracterísticas -llegada la democracia (principios de la década de 1990)- hacían viablela producción de bienes con mediano o alto valor agregado. La alta InversiónExtranjera Directa (IED) a partir de este periodo llevó a un rápido crecimientoeconómico, siendo potenciado éste por una alta estabilidad política, una buenapercepción de riesgo país por parte de los mercados internacionales y un marconormativo que otorgaba y otorga seguridad a los inversionistas (Mortimore, Vergaray Katz, 2001: 55), puntos que son tomados en cuenta por los inversores a la hora delocalizar sus inversiones, pero que en este caso (Chile) no han repercutido eninversiones con un alto valor agregado pero han generado fuertes conflictos en elámbito nacional.
La preocupación de gobiernos y sectores de la sociedad civil por los problemas ambientales y conflictos que se manifiestan, -como la extensa agenda de discusiones enforos internacionales- no ha resultado en acuerdos o consensos. Al contrario, a medidaque se amplía y profundiza el debate, los conflictos se tornan más agudos y las solucionesmás problemáticas de lo que se hubiese imaginado hace treinta años atrás (Buttel, 2000).
En Chile los conflictos ambientales (Camus y Hajek, 1998; Padilla y San Martín, 1995;San Martín, 1997), pese a su incremento, no han sido objetos de las agendas políticas aescala central, regional como local. Sus formas de manejo pasan hoy por mecanismostradicionales (Justicia Ordinaria, Organismos Administrativos, Arbitraje o Instrumentode Gestión Ambiental –Evaluación de Impacto Ambiental) y vías de negociación informal(manejadas especialmente por los proponentes y ejecutores de los proyectos de inversión:las empresas) que operan normalmente en la resolución de los conflictos ambientales enel país (Fiske, 1999).
El objetivo de este trabajo será mostrar cómo la globalización económica representada en la inversión extranjera –la cual se expresa en proyectos de inversiónbasados en la extracción de materias primas con poco valor agregado-, ha provocadoexternalidades negativas y qué tipo de conflictos ambientales se han hecho manifiestosen el territorio nacional. En este último punto se especificarán algunos conflictos enespacios locales y la precariedad de las políticas públicas para hacer frente a este tipo dedisputas. A modo enunciativo, en esta relación entre política y economía globalizada, seaproximarán algunas ideas que puedan facilitar a los actores políticos y económicos unagestión colaborativa de este tipo complejo de conflictos.
VALLEJOS / LOS CONFLICTOS AMBIENTALES / 1 9 7 II. La Globalización Económica y sus Externalidades Ambientales Negativas en Chile
Más del 80% de la producción generada por los países desarrollados (EE.UU., Europa yJapón) se asientan en sus propios territorios. Hirst y Thompson exponen que la producciónestá anclada en América del Norte, Europa y Asia y su destino está en los servicios,medias y altas tecnologías y en menor grado a la extracción de recursos naturales (Hirsty Thompson, 1996). La historia nos muestra como los países desarrollados fueronreconvirtiéndose y trasladando la producción extractiva y menos limpia (Chudnovsky yLópez, 2000: 32) a los países en vías de desarrollo. Hoy, los ejes centrales que sostienenel crecimiento en la región están basados en productos primarios y manufacturas conpoco valor agregado, los cuáles en la última década del siglo XX tuvieron un aumentoen los servicios y manufacturas (Dollar and Kraay, 2002), pero siendo los recursosnaturales la base de crecimiento en Chile y gran parte de América Latina (Schaper, 1999;Schaper y Onffroy de Vérèz, 2001).
Chile desde principios de 1980 (aunque las primeras reformas radicales se an- clan en la segunda mitad de la década de 1970) abre sus puertas a la inversión extranjeracon consecuencias hacia los sectores de la sociedad, manifestándose una variedad deconflictos, aún ante el establecimiento de altos estándares de calidad por parte de lasempresas en la producción (Clark, 2000). Para entender este proceso veamos brevemen-te el desarrollo de éste.
Chile fue el primer país en América Latina que liberalizó sus mercados a la economía internacional, implementando medidas de privatización y desrregulación deactividades productivas del sector público mucho antes de que la oleada de préstamoscondicionados del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial indujeran a laseconomías latinoamericanas a adoptar la doctrina neoliberal en la década de 1980. Selideró una modalidad de crecimiento económico por el gobierno militar basado en lasexportaciones primarias e intensivas de recursos naturales, en un marco de desrregulaciónde los mercados y rápida incorporación a la economía global (Quiroga, 2001: 256). Enpalabras de Altieri y Rojas el gobierno militar se adelantó 10 años a los programas deajuste estructural que se suscitarían en el continente. (Altieri y Rojas, 1999: 127).
Dos fueron, al menos, los ejes competitivos de esta nueva modalidad de organi- zación de la sociedad chilena: por un lado, el bajo costo de la mano de obra; y por el otro,la externalización de los costos ambientales. Lo grave de esta situación es que el deterio-ro ambiental y distributivo se ha transformado en ventajas absolutas para la competenciaen el escenario internacional, comprometiendo la capacidad de desarrollo del procesoeconómico chileno, y dificultando seriamente la sustentabilidad de éste en el mediano ylargo plazo (Quiroga, 2001: 256).
En específico, el proceso de globalización que se acelera en los tiempos del régimen militar tiene como consecuencia la transformación estructural de nuestra eco-nomía, produciendo altos costos sociales y ambientales como también éxitosmacroeconómicos y empresariales. Así, los cambios llevan a una transformación del 1 9 8 / Revista LIDER / Vol. 13 / año 10 / 2005 / aparato productivo hacia un modelo de crecimiento primario-exportador, donde la parti-cipación de las exportaciones de bienes y servicios en el PIB aumentó notablemente deun 11,5% en 1970, a un 40% en años recientes. También ocurrió un cambio de liderazgosectorial, el que se puede observar en la contracción del aporte manufacturero al PIB, el cualen 1974 alcanzaba un 30%, mientras que en 1994 representó sólo un 17,1%. (Ibid, 261).
La desprotección y desrregulación que propiciaba el nuevo modelo se convirtie- ron en instrumentos para que la sobre explotación de los recursos naturales y la contami-nación fueran rentables para la competitividad internacional. Los datos a nivel nacionalexpresan que las exportaciones chilenas crecieron de aproximadamente mil millones dedólares a inicios de los años 70 del siglo pasado a casi 16,5 mil millones en 1995, aumen-tando su importancia en el producto de poco más del 10% al 40% en el mismo período.
Pero aún hoy, casi 9 de cada 10 dólares exportados corresponden a extracción y/o leveprocesamiento de recursos naturales, lo que se verifica en cuatro sectores productivosprimarios: minero, forestal, agrícola y pesquero. Así, en 1996 el 89,2% de nuestras ex-portaciones corresponde a recursos naturales (57% corresponde a extracción simple derecursos naturales y 32,2% a recursos levemente procesados) (Ibid, 262).
La declarada diversificación de las exportaciones chilenas es más de índole sec- torial que esencial, más cuantitativa que cualitativa. En 1998, sólo 10 productos prima-rios generaron el 60% de nuestras exportaciones (cobre, hierro, oro, manzana, uva, celu-losa, madera aserrada, astillas de madera, harina de pescado, pescado fresco). Nuestraoferta exportable está casi exclusivamente concentrada en productos primarios de bajonivel de procesamiento, escasa o nula diferenciación cualitativa, y que enfrentansobreoferta cíclica mundial (lo que hace caer cíclicamente los precios, retornos de ex-portación y empleo generado). Así, dice Quiroga, la opción de especializarnos en pro-ducción de productos primarios hace prácticamente imposible generar un proceso dedesarrollo en el largo plazo (Ibid, 264). La vulnerabilidad de nuestra economía, más porla naturaleza primaria de su especialización que por la apertura económica al resto delmundo, es obvia.
A modo de ejemplo entre los sectores primarios en que se basa la economía chilena, el sector forestal (privatizado en la dictadura) tuvo su punto más álgido cuandoen 1986 Chile comienza a entrar en los mercados internacionales con la producción deChips o astillas, lo que pone en peligro el Bosque Nativo. Además se denuncia, queaparte de la tala del Bosque Nativo, éste era repuesto por Pino Insigne y en menor medi-da de Eucalipto. Hacia 1989 se denunciaba por CODEFF (Comité Nacional pro Defensade la Flora y Fauna) una destrucción de 48.592 hectáreas de bosque nativo en las VII yVIII regiones para plantar posteriormente Pino Insigne (Ibid, 29). En cifras, las exporta-ciones chilenas se expandieron fuertemente pasando de US$ 31 millones en 1974 a US$1.786 millones en 1996 (Ibid, 265). Entre las consecuencias ambientales negativas de laactividad forestal destacan además de la deforestación, la degradación y erosión de sue-los, disminución de cauces de agua y contaminación del medio ambiente por desechos yemanaciones que resultan de rubros forestales de transformación (celulosa, chips) y del VALLEJOS / LOS CONFLICTOS AMBIENTALES / 1 9 9 uso de plaguicidas y fertilizantes en las plantaciones de rápido crecimiento (en las espe-cies Pino Insigne y Eucalipto). Los bosques nativos que abarcaban cerca de 30 millonesde hectáreas, se han reducido a 15 millones de hectáreas. En el sur de Chile sólo quedaun 40% de bosque templado higrófilo. El 80%, de las 15 millones de hectáreas, está enmanos privadas y mucho dependerá de las acciones de compañías como Trillium, Celu-losa Arauco S.A., controlada por la empresa InternaTional Paper Company de NuevaYork o Río Cóndor (Altieri y Rojas, 1999: 132-133).
Llegada la Democracia a principios de la década de 1990, el gobierno chileno instaura una Ley del Medio Ambiente, llevada a cabo por CONAMA (CONAMA, 1998,p.8), y con ello Políticas Públicas Ambientales, las cuales tendrán como primer y granobjetivo promover la sustentabilidad, pues existiría el consenso respecto a que el medioambiente está hoy fuertemente presionado por las exigencias que plantea el desarrolloeconómico-social, el cual estaría comprometiendo seriamente la capacidad de renova-ción y preservación de los recursos naturales, la calidad del aire, del agua y de los suelos.
Por lo tanto pretende avanzar en el encuentro de un amplio consenso nacional en tornoal Desarrollo Sustentable (Espinoza, Valenzuela y Jure, 1997: 38), lo cual requeriría dela inclusión y participación de todos los sectores de la sociedad chilena.
La institucionalidad ambiental implementada a través de las Políticas Ambien- tales y el Sistema de Gestión Ambiental pone de relieve la responsabilidad ante el medioambiente y hace explícito que la participación de la comunidad es vital a la hora de laelaboración de las normas de calidad ambiental. De esto se desprende que los roles acumplir en la participación serán, incorporar las sugerencias de la sociedad civil organi-zada a la gestión ambiental y entregar a todos una cuota de responsabilidad en cuanto almedio ambiente nacional (Ibid, 9). Pero el diagnóstico, asumido por el gobierno, dacuenta que los espacios formales de participación de la ciudadanía, en especial a la horade resolver los conflictos ambientales en el país, no han sido suficientes y es necesariohacer esfuerzos adicionales en esta tarea.
La participación ciudadana en las políticas ambientales, clave a la hora de resolver los conflictos, ha sido promovida por el Banco Mundial y se las entiendecomo “un proceso a través del cual los stakeholders influyen y comparten el controlsobre las iniciativas del desarrollo y las decisiones y recursos que los afectan” (Cres-po, 1999). Así también este tipo de política está incorporada a las políticas estatalesde seguridad, como parte de esta capacidad de poder protector y de guía que asumeel gobierno para proteger a la población. Dichas políticas tienen su raíz en las pro-puestas estadounidenses diseñadas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA)como los lineamientos del Banco Mundial más arriba mencionados. Pero esto no secondice con la realidad de países como los nuestros, anclados en la idea que elcrecimiento económico basado en la disciplina del mercado sería la garantía paraalcanzar la sustentabilidad del desarrollo. En este marco se enfatiza la importanciade dar valor económico a los recursos naturales y servicios ambientales, y la nece-sidad de internalizar externalidades ambientales a través de mecanismos de merca- 2 0 0 / Revista LIDER / Vol. 13 / año 10 / 2005 / do y/o instrumentos de regulación que no obstaculicen el desarrollo de las fuerzasdel mercado. Bajo este paraguas, las políticas ambientales orientan comportamien-tos económicos y sociales de los actores involucrados.
Al relacionar la dinámica medio ambiente y crecimiento económico enfrenta- mos en la Política Ambiental dos lógicas distintas, por lo que no es posible su compati-bilidad, pues serían contradictorias. Los procesos ambientales irían contra la lógica delmercado, cuya finalidad de este último es la acumulación del capital y la maximizaciónde la tasa de ganancia individual (Ricaldi, 1999: 329).
La economía (neoclásica) tiene como fin el análisis de los precios y un medio de comunicación general que es el dinero, por lo tanto las empresas venden bienes y servi-cios y con ello remuneran los factores de producción como el trabajo, la tierra y el capi-tal. Al ubicarse la economía en la biósfera y reconocer los variados efectos de degrada-ción del planeta, nos lleva a ver los límites que tiene el crecimiento económico, que en ellargo plazo constituirían limitaciones físicas y biológicas, tanto materiales como tempo-rales al desarrollo y a la sobrevivencia de la humanidad (Ricaldi, 1999: 331). Tales limi-taciones del crecimiento basado en el mercado se vuelven críticas cuando la expansióneconómica sobrepasa la resiliencia ecosistémica, o alternativamente, cuando el ritmo deextracción de recursos y producción de desechos supera el ritmo de reposición de losecosistemas implicados, ocurriendo el deterioro ambiental y quedando comprometida lasustentabilidad del proceso (Quiroga y Van Hauwermeiren, 1996). Ante esta realidad sehan dado iniciativas como la de incorporar la variable ambiental al mercado por unanueva disciplina: la economía ambiental, sustentada en el instrumental de la economíaortodoxa, vía metodologías de valoración y mercados artificiales que den valor a losbienes y servicios ambientales. Esta iniciativa no ha dado los frutos deseados, pues elmercado no refleja e internaliza los costos que la actividad económica genera en el me-dio ambiente, tales como la contaminación y el agotamiento de los recursos.
Como dice Ricaldi, los supuestos a partir de los cuales se pretende consagrar al mercado como el mejor asignador de recursos, en la realidad no se dan, pues no haycompetencia perfecta; hay severos problemas de acceso a los recursos; la propiedad delos recursos no está claramente definida y establecida y no existen precios asignados aalgunos bienes y servicios ambientales (Ricaldi, 1999: 344).
Entonces, tomando en cuenta los fundamentos y principios de las políticas pú- blicas ambientales chilenas, podemos develar que los errores e ineficiencias del merca-do nos impedirían elaborar un modelo de Desarrollo Sustentable -como lo plantean lasorientaciones del gobierno de Chile- en el marco de la teoría neoclásica, ya que el mer-cado constituye una contradicción básica en la medida que el individualismo económicobajo relaciones de poder establecidas, constituye un instrumento de reproducción de lascondiciones de inequidad y concentración de los recursos.
Para hacer más claro y preciso lo anterior, tomaremos de Crespo algunos puntos que especifican la contradicción entre desarrollo, basado en el mercado, y medio ambiente (Crespo,1999). Esta contradicción sería la que limitaría a las Políticas Públicas Ambientales a la hora VALLEJOS / LOS CONFLICTOS AMBIENTALES / 2 0 1 de resolver los conflictos relacionados con el entorno natural y construido.
La primera contradicción sería la fe en el crecimiento económico como ga- rantía de la sustentabilidad del desarrollo. A pesar que la conferencia de Río 92,donde se ratifica lo expuesto por el Informe Brundtland, se vio la necesidad de irmás allá de las visiones economicistas del desarrollo, incorporando una perspectivaintegral. Al mismo tiempo sus mensajes indicaban que el crecimiento económico esun remedio, tanto contra la pobreza como contra la degradación ambiental, relegan-do a un segundo lugar la redistribución y equidad (Martínez Alier, 1996: 68). Estesentimiento ahora es ampliamente interpretado, especialmente por la comunidadempresarial, significando que el Desarrollo Sustentable y el crecimiento del PIB noestán en conflicto, por lo que Crespo sostiene que las Políticas Ambientales recupe-ran a veces este sobredimensionado entusiasmo por el crecimiento económico comoremedio para los problemas ambientales en países en desarrollo, pero basado funda-mentalmente en la explotación de recursos naturales. Por lo tanto, un enfoque inte-gral y equitativo del desarrollo, donde el mejoramiento de la calidad de vida -estoes la satisfacción integral de las necesidades humanas fundamentales-, como priori-dad objetiva, está ausente. Argumento que contradice la visión de Clark de apoyo ala propuesta de Desarrollo Sustentable. Por lo tanto, en esta búsqueda de crecimien-to económico el actual modelo de desarrollo, por ejemplo, priorizaría el uso econó-mico del suelo, por encima de criterios de conservación ambiental o territorialidadétnica, como muestra en Chile el conflicto Mapuche en la Región de la Araucanía yotros como Gold Spring en la Región de Los Lagos.
Una segunda contradicción estaría en la no obstaculización de las fuerzas de mercado. El capitalismo global mantiene una profunda confianza en la capaci-dad del mercado para combatir la degradación ambiental: “las fuerzas del mercadoson poderosas herramientas para cambiar los comportamientos individuales einstitucionales. Si se establecen correctamente ellas pueden alcanzar o superar ob-jetivos ambientales al menor costo y con menor oposición que las propuestasregulatorias tradicionales” decía William Reilly, ex administrador de la EPA en USA,durante el gobierno de George H. W. Bush (Dryzek, 1997: 103). Siguiendo la lógi-ca que el mercado genera bienestar, el mercado de bienes ambientales no de-biera ser una excepción (Ibid., 107), pues se considera que la salud sería a ex-pensas de la riqueza, significando que los mercados generan la riqueza que nosdan los recursos, económicos y tecnológicos, necesarios para resolver los pro-blemas ambientales.
Por lo tanto, las Políticas Ambientales actualmente vigentes obedecen a la lógica y horizonte planteados por el modelo neoliberal impuesto tras los ajustesestructurales a principios de la década de 1980 del siglo pasado, pensados y elabo-rados desde el mercado. Estas Políticas han sido aplicadas, aunque menos abiertasque en otros países de América Latina, como mecanismos para atraer y asegurar lainversión privada, particularmente internacional. Como consecuencia, y grave para 2 0 2 / Revista LIDER / Vol. 13 / año 10 / 2005 / la sociedad nacional, han llevado a la privatización del acceso y uso de los recursosnaturales, que se ampliaron en el régimen militar con los derechos de propiedad.
Una tercera contradicción es la visión de corto plazo (“no long term”). En la socie-dad actual los procesos de mundialización y el capitalismo globalizado planteanincertidumbre e inseguridad, debido a la alta contingencia, pues el modelo está ba-sado en un fenómeno que lo denominan no long term, es decir funciona con unavisión de corto plazo, según las exigencias inmediatas del mercado, siempre cam-biante e inseguro.
El modelo de desarrollo actual, que toma como base el mercado, tendrá la dificultad de poder planificarlo a largo plazo. Así se visibiliza otra gran contradicciónen su interior, pues mientras la visión de mercado (economía neoliberal) tiende yactúa en el corto plazo, en un mercado globalizado, de cambio y con altas incerti-dumbres, las Políticas Ambientales ancladas en fundamentos y principios desustentabilidad, de equidad intergeneracional, requerirían de un enfoque a largo plazo.
Una cuarta contradicción estaría en la relación pobreza y medio ambiente.
El Informe Brundtland enfatizaba la idea que la principal causa de la crisis ambien-tal es la pobreza. Para el Banco mundial, y como consecuencia de la deforestación ydesertificación, la única solución a la pobreza, identificada como la causa de estosindicadores de degradación ambiental, es el crecimiento económico (Johnson, 1999).
Otro punto importante que plantea Crespo es la Participación en la Gestión Ambiental, basada en el enfoque de stakeholders. En este punto surge otra contra-dicción de la relación Política Ambiental y la lectura neoliberal del desarrollo sus-tentable, aplicado en el contexto del ajuste estructural: mientras el modelo de desa-rrollo produce inequidades y asimetrías sociales, las políticas interpelan a la pobla-ción no sólo haciendo abstracción de esta realidad, sino que existe la tendencia deconsiderar a los pobres como principales causantes del deterioro ambiental. Parale-lamente, mientras el modelo de desarrollo genera una distribución inequitativa delos recursos naturales y servicios ambientales (privatización del acceso) así comodistribución desigual de los impactos y riesgos ambientales (los ricos viven en áreasmás seguras y protegidas de desastres e impactos), las Políticas promueven proce-sos de participación y concertación, asumiendo que todos los actores involucradosestán en las mismas condiciones. Por tanto, el enfoque de stakeholders en las polí-ticas no ha logrado reducir los riesgos en los conflictos (Crespo, 1999: 499-500).
El último punto se sustenta en una concepción técnico-economicista del de- sarrollo sustentable. El culto a la EIA, considerado por el imaginario institucionalcomo la solución técnica a los riesgos ambientales, seguramente es el ejemplo para-digmático de esta concepción. Este instrumento se ha convertido en un formalismoburocrático, antes que un instrumento de gestión ambiental, siendo raro el proyectoque haya sido rechazado debido a una EIA negativo, pues normalmente los reportestienden a señalar lo que desean oír los contratantes, a riesgo de perder el empleo y laparticipación ciudadana se reduce a consultas públicas con escasa capacidad VALLEJOS / LOS CONFLICTOS AMBIENTALES / 2 0 3 decisoria. En general los informes de EIA no identifican adecuadamente los proba-bles impactos, o estos son considerados mitigables; así los proyectos y/o empresasreciben el visto bueno ambiental, y en muchos casos aparecen como actividadesambientalmente adecuadas. Por lo tanto, hay una contradicción en la aplicación delas Políticas Ambientales con relación al modelo de desarrollo, pues mientras laspolíticas consideran que la solución a la crisis y los conflictos es un tema técnico-económico, estos últimos muestran rasgos fundamentalmente políticos, más aún, sehayan articulados a la cultura política vigente, pues reflejan la inequidad y asimetríasexistentes (Ibid., 495-500).
El modelo actual estimula el crecimiento económico, basado en la explota- ción de recursos naturales, siendo el mercado el contexto donde se norma el medioambiente, por tanto con una visión cortoplacista. La paradoja que está implícita enesta dinámica es que se responsabiliza a la pobreza como causante de la degrada-ción ambiental, y al final se asume que la solución a los problemas pasa por medi-das técnicos económicas, cuando la problemática muestra más bien la dimensiónpolítica, expresión de esta situación de inequidad y justicia. De esta manera laslimitaciones de la Política Ambiental en la resolución de los conflictos, se puedeatribuir a las contradicciones inherentes al modelo de desarrollo basado en el creci-miento económico, no siendo capaz de incorporar criterios de sustentabilidad, quese promueven en los fundamentos y principios de la Política Ambiental chilena. Enesta caso, lo opuesto -que en las líneas posteriores se detallará-, sería manejar laconflictividad ambiental desde una mirada integradora, es decir, acudiendo a siste-mas de deliberación o espacios de negociación, donde actores, con sus distintosintereses, (sociales, económicos, culturales, valóricos, etc.) pueden,colaborativamente, dar salida al conflicto ambiental.
III. Algunos Conflictos Ambientales y la Relación entre Economía (empresas) y
Política (Estado)
Toda la presión antrópica que el medio ambiente ha tenido que soportar, ha llevadoa que se manifiesten conflictos en la sociedad por proyectos de inversión que ponenen peligro a personas, su entorno y calidad de vida. Este apartado dará cuenta de losconflictos que han propiciado las inversiones de empresas internacionales en Chiley cómo ha sido el desenlace de éstos, es decir, la relación en la resolución de ladisputa entre el Estado y las empresas internacionales. Los conflictos que seránbrevemente enunciados tienen fecha de acontecimiento en la última década del si-glo pasado, pero la conflictividad ambiental originada por la inversión extranjeradata de muchos años atrás (siglo XIX). Este siglo trajo conflictos como el de la leñaentre hacendados y fundidores (Folchi, 2001: 149-177; 1998).
De la gama de conflictos manifiestos en el territorio nacional y originados 2 0 4 / Revista LIDER / Vol. 13 / año 10 / 2005 / por empresas internacionales podemos nombrar a) conflicto Trillum generado por
el Proyecto Río Cóndor de Forestal Trillium en la Región de Magallanes (Padilla y
San Martín, 1995; San Martín, 1997) cuyo inversionista fue CETEC-VPL CHILE
Ltda. (CETEC ENGINEERING COMPANY de Canadá y VENTURE PACIFIC
LIMITED de Nueva Zelanda). Forestal Savia, ex Trillium, ha hecho incierto su
accionar en el sur de Chile y algunas voces anunciaron, como así sucedió, que su
proyecto se trasladaría a Argentina, teniendo que responder en Chile ante los recur-
sos interpuestos frente a la justicia por las irregularidades y externalidades que ésta
ha propiciado. Otro conflicto ha sido el generado por el b) Proyecto Alumysa (Camus
y Hajek, 1998) de la empresa canadiense Noranda. Un tercer conflicto c) fue el
propiciado por el Proyecto Gas Andes (Camus y Hajek, 1998) de la Transnacional
canadiense Nova Corporación Internacional. Lo interesante de este conflicto, y que
sustenta la propuesta de este trabajo, es que fueron usadas vías formales para su
resolución, existiendo una negociación donde se sentaron las partes involucradas,
se definieron los problemas en común, buscaron acuerdos compartidos y los
implementaron en el tiempo. Un cuarto conflicto d) fue el del Alto BíoBío (Padilla y
San Martín, 1995; San Martín, 1997) de ENDESA España, el cual afectó, y sigue
afectando, a familias Pehuenche debido a la ocupación de sus territorios para la
construcción de Hidroeléctricas. A la fecha sigue el conflicto, pues familias no han
sido erradicadas del sector. Por último c) el Conflicto Mapuche (Aldunate, 2001;
Padilla y San Martín, 1995; San Martín, 1997) donde los proponentes son variadas
forestales, entre ellas Forestal Terranova cuyo dueño es el empresario suizo Stefan
Schmidheiny. Este conflicto ha tenido una escalada violenta en el tiempo, prolife-
rando las confrontaciones en los distintos puntos de las regiones IX y X. A la fecha
no se vislumbran posibles soluciones. En los años que lleva el siglo XXI, aunque
nuestro análisis está basado en la segunda mitad del siglo XX, se han propiciado
dos grandes conflictos que se relacionan con la producción de celulosa y que a la
fecha no tienen posibles soluciones: el conflicto de celulosa Valdivia e Itata.
Estos y muchos otros conflictos en Chile (Aldunate, 2001) –mineros, fores- tales, pesqueros, etc.- tienen su raíz en la inversión extranjera. Su resolución hatenido graves dificultades, pues, como expresábamos, la Gestión Ambiental y susinstrumentos obedecen a patrones de mercado, por lo que si son técnica y económi-camente viables éstos se realizan. En el fondo obedecen a una racionalidad eminen-temente económica y dejan de lado otros aspectos de la sociedad, donde tanto lasempresas, el Estado como los actores involucrados ganan o pierden en esta relaciónde fuerzas. Muchos de estos conflictos están todavía manifiestos en localidadeschilenas, y otros han sido resueltos vía manejos informales o arbitrados por unaautoridad administrativa. A modo de ejemplo de esta última situación es el proyectoforestal en Chiloé; Gold Spring. Los inversionistas japoneses, debido a las trabasadministrativas, el fundamentalismo local y falta de espacios y canales para resol-ver el conflicto, optan por irse y dejar la inversión en la Isla (Sepúlveda, 1996).
VALLEJOS / LOS CONFLICTOS AMBIENTALES / 2 0 5 IV. Posibles Acoplamientos entre Política y Economía para la Resolución de Con-
flictos en el Marco de la Globalización
Los conflictos ambientales en Chile son fenómenos reales y autoproducidos por lasoperaciones sociales de una sociedad compleja y conflictiva. En este tipo de sociedad losconflictos ambientales se hacen más agudos y tendremos que aprender a enfrentarlos.
Por lo tanto, en su resolución tendrán parte los actores nacionales, internacionales comocorporativos que dan inicio a las incompatibilidades de intereses o valores, los cualestendrán que buscar las mejores formas para salvar satisfactoriamente este tipo de con-frontaciones.
La conformación de la sociedad chilena, como Latinoamericana, obedece a una dinámica de tipo concéntrica (Mascareño, 2000) o estructurada de forma estratificada(Luhmann, s/f), es decir, jerárquica. Antes de los ajustes estructurales la políticadireccionaba el proceso social. Hoy día la política ha sucumbido ante otro sistema, eleconómico, siendo éste el que prevalece ante los demás y estos últimos tienen que aco-plarse a él. Pero bajo esta fachada vemos que los conflictos, al obedecer, Chile y laregión, a lógicas jerárquicas, son estos solucionados en el centro, es decir, si el proyectoes económicamente viable es una cosa, la otra es que la aceptación de un proyecto deinversión es tomado por una instancia política central, en este caso el sistema político.
En este contexto, Chile, desde su conformación, obedece a un patrón distinto que lassociedades desarrolladas. En América Latina el Estado se conformó antes que la socie-dad, por lo que toda demanda la procesaba el Estado o la burocracia gubernamental. Así,todo conflicto que hoy se manifieste tiende a centralizarse, es decir, a ser resuelto en laselites políticas y/o económicas.
Al estar ante sociedades complejas, pues Chile y América Latina no escapan a este diagnóstico, el Estado, el cual quiere cumplir las labores que antes realizaba, se vesobrepasado por la complejidad y no puede responder a la elevada contingencia que lasociedad genera y a los procesos conflictivos que se desencadenan. Al no poder darcuenta de la creciente complejidad, pues el sistema económico tiende a cooptar o coloni-zar el sistema político, éste prevalece ante él, y así toda demanda tiende a ser resuelta poruna lógica de mercado donde al Estado no le queda más que decidir en su favor, generan-do los desencuentros, contradicciones y conflictos. El mercado no funciona con unalógica de índole social, sino que su medio de comunicación es el dinero y la rentabilidada corto plazo. No sucede lo mismo con otros sistemas sociales y su entorno, el medioambiente, pues operan con una lógica distinta. Por lo tanto, al no procesar el mercado lasdemandas que le realizan los otros sistemas, y viceversa, se producen los conflictos quevemos manifiestos en nuestro país.
Si las disputas son manejadas como actualmente se hacen, la contradicción se agudiza, pues su solución en el centro (gobierno) hace que éstos se agraven, yaque los proyectos de desarrollo que tiende a enfatizar el Estado chileno se sustentanen lógicas de mercado y las posibles salidas tienen como finalidad dar el visto bue- 2 0 6 / Revista LIDER / Vol. 13 / año 10 / 2005 / no a los proyectos de inversión, dejando de lado a los colectivos afectados. Es decir,unos ganan y otros pierden.
Tomando en cuenta la orientación de las Políticas Públicas y los conflictos am- bientales -generados por la globalización económica en una sociedad mundializada, yexternalizada- analizados, éstos tenderían a ser consecuencia del diseño unilateral y laaplicación de Políticas Ambientales propuestas por el gobierno como de las salidas téc-nico-económicas y administrativas, dejando de lado el principio base de la participaciónde actores en las políticas y salidas a los conflictos, como garante para la búsqueda deacuerdos y consensos.
Las Políticas Ambientales han ayudado a generar comportamientos con fines ten- dientes a establecer una cultura ambiental funcional al sistema de desarrollo actual, y que seadapta al mercado. Pero éstos también promueven formas de resistencia social, siendo enChile cada vez más los conflictos ambientales que se hacen manifiestos. Sus causas se pue-den encontrar en la inequidad en el acceso y uso de los recursos naturales y sus serviciosambientales, es decir, de una distribución ecológica inequitativa (Martínez Alier, 1995: 152),y las externalidades ambientales no internalizadas (Sabatini y Sepúlveda, 1998).
Según los casos mencionados y en pos de dar cuenta del objetivo que nos guía, podemos decir que los conflictos generados por la globalización económica tienden asalidas técnico-económicas o político-administrativas (Aldunate, 2001). Estas formasde resolución están en la base del modelo de desarrollo y de las Políticas Públicas Am-bientales que de éste emanan. Por lo tanto, estas últimas aducen serias limitantes a lahora de resolver o dar cuenta formal y satisfactoriamente de los conflictos. Además, losinstrumentos de la gestión ambiental (SEIA) tienen en su esencia una visión técnica paraaprobar y dar solución a las disputas y las externalidades negativas sobre los recursosnaturales y la población que pueda generar un proyecto de desarrollo.
Pero ante esta situación cabe preguntarse, ¿a qué herramientas podemos echar mano en sociedades complejas y diferenciadas?, ¿Quién se hace cargo de implementarestas nuevas vías? Creemos primeramente que se necesitan herramientas que nos permi-tan salvar de forma colaborativa y no confrontacional; no de juegos de suma cero sino dejuegos de ganador-ganador, para poder salvar las diferencias que se manifiestan en losconflictos ambientales. Para ello hay una vertiente de investigación iniciada en los Esta-dos Unidos. Este tiene su nacimiento por los convulsionados años 60, marcados por unagran efervescencia social, política y cultural. Estos tiempos son álgidos, de confronta-ción, en todo el mundo, siendo Estados Unidos (también en Europa, con la crisis demayo del 68) donde se levanten variados sectores en protesta y defensa de temas como elmedio ambiente, género, etnias, etc. (Vallejos, 2001: 2). El principal modelo o marco deanálisis fue diseñado y puesto en práctica a principios de los años 80 por Fisher y Ury(1981), lo cual posteriormente se plasma en el proyecto de negociación de Harvard,siendo trabajado y sofisticado el modelo diseñado por autores como Susskind y Cruikshank(1987); Carpenter y Kennedy (1988); Ury (1991) y Hall (1993). A este marco se le cono-ce como Resolución de Problemas Basados en Intereses (RPBI). También se ha desarro- VALLEJOS / LOS CONFLICTOS AMBIENTALES / 2 0 7 llado otro modelo que está abocado a los conflictos basados en Valores o también llama-dos de Enfoque –Resolución de Problemas Basados en Valores (RPBV) (Rothman, 1997).
Aunque en Chile esta propuesta denominada Resolución de Conflictos Ambientales (RCA)es un campo que despierta interés, carece de trayectoria. Pero sería interesante ponerla aprueba por lo que sustenta su propuesta: el diálogo, el consenso, la colaboración.
En específico existen diferentes Vías de la RCA , como las a) Tradicionales Formales, donde encontramos la Judicial, muy utilizada en Chile y que consiste endelegar en los tribunales de justicia la solución de los conflictos. El Arbitraje, procesoprivado y voluntario donde los grupos o actores en conflicto le solicitan a un tercero queactúe como árbitro y que tome una decisión por ellos. La Vía Administrativa, empleadadentro de las organizaciones privadas para resolver conflictos y la Vía Política, dondese impone la fuerza de una solución y termina un bando ganando y otro perdiendo; b)Vías Tradicionales Informales que operan a través de dos modalidades: uno es el enfo-que coercitivo, como simple imposición de la fuerza, donde los grupos hacen valer supoder económico, político (influencias) e incluso físico para conseguir una solución queles beneficie, siendo el triunfador el grupo o actor de más poder. La segunda es la nego-ciación ambiental informal, que se da en todos los conflictos ambientales, pues de unau otra forma los grupos involucrados en un conflicto siempre están confrontando entresí sus intereses, presionando y cediendo en posiciones. Lo más común es que los gruposinteractúen a través de terceros, generalmente a través de los medios de comunicación(la prensa, la televisión, la radio); y c) la propuesta de este trabajo para dar cuenta de laconflictividad que generan los conflictos en una sociedad que se ha hecho mundial, queson las Vías Colaborativas. Estas corresponden a los procedimientos que permiten re-solver los conflictos a través de involucrar a todas las partes, examinar sus intereses eintentar crear soluciones de aceptación compartida. Se trata de un proceso enteramenteindependiente, donde los participantes resuelven los problemas, ya sean sustantivos ode procedimiento, por sí mismos.
De los marcos propuestos en este ámbito, tomaremos el modelo integrativo pro- puesto por Emmett Fiske, también denominado modelo de “Efectividad del Negocia-dor” (fusión de los marcos mencionados: RPBI y RPBV), el cual concibe los conflictoscomo oportunidades para el crecimiento personal, el mejoramiento de las relaciones y laresolución de los problemas. Los temas centrales del modelo son: la facilitación básica ypara el desarrollo, efectividad, información válida, opción libre e informada y compro-miso interno. Así la meta de la negociación será la efectividad del negociador y delfacilitador (individual y colectivamente).
Las bases del modelo vienen de los trabajos del psicólogo organizacional Richard Hackman, cuyo interés estaba en ciertos grupos de empresas que denomi-naba “TICK”, cuya característica principal será lo interactivo. Así, Efectividad Grupal= Contexto Organizacional + Estructura Grupal + Proceso Grupal. La efectividadse alcanza al cumplir los siguientes tres criterios: a) Los servicios que el grupogenera o su producto, cumplen o exceden los estándares de las personas que los 2 0 8 / Revista LIDER / Vol. 13 / año 10 / 2005 / reciben, usan o revisan; b) Los procesos y estructuras empleados para sacar adelan-te el trabajo mantienen o refuerzan la capacidad de los miembros para trabajar jun-tos en nuevas tareas grupales y, c) La experiencia grupal satisface antes que frustralas necesidades personales de los miembros del grupo.
Queremos poner atención en las características del modelo que apuntan a la facilitación, la efectividad, la información válida, opción libre e informada y el compro-miso interno. Esto es importante a la hora de dar cuenta de un conflicto, pues más allá delas personas, en la idea que este tipo de modelos sirva para el crecimiento personal -queestaría bien si así sucediera-, las disputas se dan entre actores que son organizaciones ypertenecen a algún sistema de la sociedad, es decir, a la economía, la política, al sistemacientífico, al sistema de salud, organización de intereses y otras organizaciones de lasociedad. Así también, una salida a este tipo de conflictos será con el objetivo de que losactores sigan operando en la sociedad con sus distintas funciones y su accionar no entor-pezca la operatividad, ya sea desdiferenciando u opacando o impidiendo el funciona-miento de cualquier otro sistema u organización del sistema social.
Como respuesta a la segunda pregunta, creemos que el rol le compete al Estado, aunque no de forma exclusiva. El siglo XXI impele a que el sistema político y su refe-rente descriptivo: el Estado, ceda su rol central y direccionador que lo caracterizó desdeel inicio de las repúblicas, en especial, desde la segunda mitad del siglo XX en adelante,es decir, un Estado planificador de la sociedad, pero que se ha visto carente de dar solu-ción -desde el centro- a la problemática social. Una sociedad diferenciada funcionalmentey compleja llama al sistema político y al Estado a cumplir su función: tomar decisionesque vinculen colectivamente (Torres, 2004: 143), lo cual no lo hace menos relevante, sino acorde a un tipo de sociedad que dista enormemente de las que nos precedieron. Así,el Estado u otros actores, deben propiciar formas donde su competencia sea de supervi-sar, de mediar, de catalizar nuevas posibilidades. El Estado como actor relevante y supeso en el imaginario social chileno como latinoamericano, está encargado de velar porla calidad de vida de las personas como de coordinar en beneficio de ella. Es el Estadocomo organización el que se comunica con las personas y otras organizaciones al inte-rior de la sociedad, teniendo como fórmula de contingencia, es decir, como su granobjetivo el “bien común”, expresado en el interés público de un territorio. Hoy en díamuchos proyectos que el Estado propone son resistidos por la sociedad, por lo que laracionalidad implícita que tiende al bien común se ve rechazada al atentar contra susespacios de vida. Por lo tanto, las externalidades, negativas como positivas, peligrosas oexitosas, no pueden ser nunca distribuidas con justicia, fallando así lo convencional queprima a la hora de decidir estos conflictos: los informes técnicos de expertos, como ladiscusión a través de medios de opinión pública y la justicia. Por lo anterior, debierapropiciarse un viraje en la manera de incidir en la resolución de los conflictos ambienta-les que no estén basados en una racionalidad con apego a fines. Se hace necesario a)desmonopolizar la función de los expertos, pues no puede cerrarse la participación aciertos grupos, sino que tiene que ser un proceso abierto, según su relevancia social, es VALLEJOS / LOS CONFLICTOS AMBIENTALES / 2 0 9 decir, informalizar lo jurídico; b) tener en claro que las decisiones no han sido aún toma-das, por lo que se debe abrir la estructura de toma de decisiones; c) existir un diálogoabierto entre los actores involucrados de la sociedad y no acordar decisiones a puertascerradas entre expertos y actores políticos. Para esto se necesita d) un proceso garantiza-do por los actores que pueda acordar y sancionar normas a modo de autolegislación yautoobligación (Beck, 1999: 164-165). En orientación sistémica estaríamos hablando de“acoplamientos operativos” los cuales condensan y actualizan las irritaciones recíprocasde los actores involucrados en los conflictos, y de este manera permiten una adquisiciónmás rápida y mejor coordinada de las informaciones en los sistemas funcionales de lasociedad (Luhmann, s/f). De ahí la importancia de modelos como la RCA que puedanproporcionar salidas que cumplan lo antes mencionado, pero que tampoco sean vistascomo máquinas de producciones de consenso.
En este marco de mundialización (globalización) económica, donde las fronte- ras están abiertas a la inversión y la llegada de proyectos que tienen como fin la explota-ción de recursos naturales que pueden tener graves impactos negativos en nuestras so-ciedades, es donde se ratifica la necesidad de nuevas alternativas para resolver conflictosambientales. Por lo tanto, es en esta línea donde se hacen viables iniciativas como elmodelo de RCA, sustentada en una Teoría de Resolución de Conflictos (Coser, 1964;Darendhorf, 1970; Groom, 1998, Wallensteen, 1990), pues asumen que los conflictosson políticos y los que deben resolverlos son los actores partícipes de las disputas am-bientales. Esta mirada nos propone buscar acuerdos que compatibilicen de la mejor for-ma posible los intereses de los actores involucrados, por medio de procesos de diálogoformal, democrático y participativo, y donde se preste especial atención a los intereses yaspiraciones de las poblaciones directamente afectadas. Por lo tanto, ante la falta deconvocadores, deberá ser el Estado, por intermedio del Gobierno, u organismos (institu-tos) de la sociedad civil (ONG,s, Universidades u otros) quienes tendrán que cumplir elrol de convocador en esta propuesta, como forma de revertir la cultura política centralis-ta que impera en nuestra sociedad chilena. Importante será potenciar los acoplamientosentre política y ciencia, donde las universidades podrán servir como nichos que sirvanpara ofrecer instancias teóricas y metodológicas para llevar a cabo este tipo de propues-tas. Así también, estas fórmulas se encuentran condicionadas por las capacidades degestión de los gobiernos locales, regionales, provinciales y nacional. De ahí la necesidadde que el Estado y sus instancias locales sean capaces de desempeñar roles deconvocadores y facilitadores, de garantizar el cumplimiento de los compromisos pacta-dos y de apoyar la expresión –de intereses- de los colectivos de la sociedad, que suelenestar en situación de desventaja respecto a los puntos de vista de los agentes responsa-bles del problema ambiental que ha desatado el conflicto. Es decir, es un área de lagestión pública no tradicional (Sabatini, 1999) que requerirá iniciativa, autonomía yflexibilidad. También la apertura de los organismos de la sociedad civil a cumplir un rolde terceros, avalados en la experiencia académica, investigativa y de intervención, lacual puede ser puesta en pos de la sociedad nacional.
2 1 0 / Revista LIDER / Vol. 13 / año 10 / 2005 / V. A modo de Conclusión
Los conflictos ambientales se han multiplicado, por lo que tenemos que aprender a ma-nejarlos. Así, los procesos que instituyamos para dar cuenta de ellos, necesitarán detodos los afectados para salvarlos de buena forma.
Constatamos en el curso de estas líneas que la inversión extranjera asentada en Chile (como también en el resto de América Latina), dada por la mundialización(globalización) económica y la internacionalización de la producción, tiene como fina-lidad la explotación de los recursos naturales. Lo intensivo de las faenas ha llevado alagotamiento de muchos de ellos y generado graves conflictos en las regiones y localida-des chilenas. Las disputas han sido resueltas tomando en cuenta los actuales instrumen-tos de gestión ambiental que observan que técnicamente y rentablemente sean viables,dejando de lado los impactos que producen al medio ambiente y los colectivos humanos.
Por lo tanto, no se puede argumentar que la resolución de disputas en países en desarro-llo no haya sido positiva, pues lo costoso y largo de los procesos ha sido debido a lajuridificación de éstos y la falta de experiencia legal. Así, los conflictos enunciados sonun botón de muestra de los que nos hemos hecho parte la sociedad chilena y la dificultadque hemos tenido para resolverlos. Proyectos que tienen una doble cara: traen desarrolloy trabajo, pero que también traen graves externalidades negativas.
Si los conflictos son manejados como actualmente se hacen, las soluciones ten- derán a centralizarse (gobierno) y harán que estos se agraven, como el caso Gold Spring,la Hidroeléctrica Ralco, el Conflicto Mapuche, entre otros, ya que los proyectos de desa-rrollo que enfatizan el Estado están en la línea de mercado y las posibles salidas tienencomo finalidad dar el visto bueno a los proyectos de inversión, dejando de lado a loscolectivos afectados. Es decir, ganan unos y otros pierden.
De lo que se trata es de formalizar al máximo las negociaciones que ocurren en la actualidad, siempre informales, trasladándolas a instancias especialmente creadas ycon el apoyo de los agentes externos para que actúen como facilitadores o mediadores.
Para ello el Estado o el Gobierno debiera ser un actor vital, un catalizador de nuevosespacios, como forma de revertir la cultura política centralista que impera en nuestrasociedad. Pero estas fórmulas se encuentran condicionadas por las capacidades de ges-tión de los gobiernos locales, regionales o provinciales. De ahí la necesidad de que elEstado y sus instancias locales sean capaces de desempeñar roles de mediación, de ga-rantizar el cumplimiento de los compromisos pactados y de apoyar la expresión de lospuntos de vista de los colectivos de la sociedad, que suelen estar en situación de desven-taja respecto a los puntos de vista de los agentes responsables del problema ambientalque ha desatado el conflicto. Es decir, es un área de la gestión pública no tradicional querequerirá iniciativa, autonomía y flexibilidad.
Así como el Estado, la Sociedad Civil y sus organizaciones tienen un rol impor- tante que jugar. Sus potenciales son diversos, pero pueden, entre otras, “dar leña al deba-te”, ser canales de información, mejorar las políticas locales, nacionales como interna- VALLEJOS / LOS CONFLICTOS AMBIENTALES / 2 1 1 cionales, contribuir a la cohesión de fuerzas (Scholte, 2000) y a equiparar las fuerzasante actores más poderosos que se enfrentan a colectivos débiles y poco organizados.
Por lo tanto, la conformación de redes de las organizaciones de la sociedad civil serán devital relevancia, pues su efectividad y capacidad movilizadora reafirma la capacidad derespuestas democráticas de la sociedad ante los problemas del medio ambiente (Clark,2000).
Por lo tanto, los conflictos ambientales pueden ser coyunturas que sirvan como cajas de resonancia a los conflictos estructurales o intrínsecos al desarrollo y también deinstrumento de coordinación entre los actores (privados y públicos). La concertación deactores en pos de la resolución puede llevar a que los sistemas y actores de la sociedadpuedan seguir funcionando, generando miradas de largo alcance y no proyecciones decorto plazo propuestas por el mercado, lo que hará posible miradas de ganador-ganadory no juegos de suma cero.
2 1 2 / Revista LIDER / Vol. 13 / año 10 / 2005 / Bibliografía
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